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Declaración de la Xarxa
contra els Tancaments i la Precarietat
Con deslocalizaciones y precariedad, sin derechos sociales y laborales...
¡ESTE NO ES NUESTRO ESTATUT!
“Dialogo social”: una sucesión de acuerdos negativos para los trabajadores
¡NO A LA REFORMA LABORAL!
Los resultados del llamado “diálogo social” de los últimos años entre el gobierno central, las organizaciones patronales y las cúpulas sindicales de CCOO y UGT han sido negativos para los trabajadores y trabajadoras: Salario Mínimo insuficiente y sin cláusula automática de revisión según el IPC, al mismo tiempo que pierde todo su contenido social al desvincularlo de las prestaciones públicas, que se regirán por el IPREM, inferior al SMI; Reglamento de la Ley de Extranjería que divide a la clase trabajadora y deja a centenares de miles de inmigrantes sin regularizar y sin derechos; Acuerdo para la Negociación Colectiva que supone la paz social y la pérdida de poder adquisitivo mientras los beneficios empresariales siguen batiendo récords… Ahora negocian la reforma laboral y después vendrá una nueva reforma de las pensiones con la cual pretenden una reducción generalizada de las mismas mediante la ampliación del número de años para calcularlas.
Lo mismo se puede decir de los pactos firmados en Catalunya. El Pacto para la Internacionalización y la Competitividad de la Economía Catalana firmado por el Tripartito, las patronales y CCOO y UGT en febrero supondrá una inversión de 2.000 millones de euros de dinero público durante los próximos 3 años y prevé 86 actuaciones destinadas a fomentar, entre otras medidas, la deslocalización de empresas catalanas a otros países, mientras que no se incluye ninguna mejora de derechos para los trabajadores (en estabilidad en el empleo, crecimiento del salario mínimo, impedimentos a la deslocalización de empresas…). El Acuerdo Interprofesional de Catalunya, firmado por la patronal Foment del Treball i las direcciones de CCOO y UGT, supone trasladar a la negociación colectiva catalana los acuerdos del ANC estatal.
Negociación de la Reforma laboral: patronal y gobierno coinciden,CCOO i UGT dispuestos a ceder y a no movilizar unitariamente
A pesar del carácter prácticamente secreto de las negociaciones, a espaldas de los afectados, todo apunta a que el hipotético acuerdo a que pudieran llegar supondría nuevos retrocesos de derechos para los trabajadores.
Parece evidente la coincidencia de planteamientos entre el gobierno central y la patronal: abaratar y facilitar el despido con la generalización del contrato indefinido con una indemnización de 33 días, la supresión de la autorización administrativa en los despidos colectivos, crear un nuevo caso de despido colectivo para las subcontratas, despido de 20 días en las empresas con menos de 50 trabajadores financiado con el Fondo de Garantía Salarial, ampliar el campo de acción de las ETT’s a la contratación indefinida, posibilidad de contratar eventualmente a un trabajador hasta 36 meses durante un período de 5 años, reducción generalizada de las cotizaciones empresariales, negativa a reformar la subcontratación… Es decir, una nueva desregulación radical de derechos y garantías y otra transferencia masiva hacia el capital de salario indirecto y diferido de la clase trabajadora (las cotizaciones sociales que quieren reducir a la patronal se recaudan para financiar el subsidio de paro, las pensiones… de los trabajadores, sistemáticamente reducidos con el argumento de que “no se pueden pagar”). El Gobierno incluso se opone a una tímida penalización de la contratación temporal porque “se podrían producir efectos no positivos en la economía y problemas en sectores estratégicos como el turismo”.
Las cúpulas de CCOO y UGT, por su parte, no enfrentan esta política y continúan reivindicando el Acuerdo para la Estabilidad en el Empleo del 97, un pacto que abarataba el despido y otorgaba a los empresarios multimillonarias bonificaciones en las cotizaciones a la Seguridad Social, pero que no ha impedido que la precariedad siga siendo del 32%. Ahora la esencia de la propuesta del sindicalismo institucional es “reforzar la Inspección de Trabajo, ya que el principal foco de precariedad se produce porque la ley no se cumple”. Por tanto, consideran adecuada la legislación laboral actual con algunas tímidas modificaciones.
La desmovilización y la asunción sindical de esta filosofía de la “competitividad” envalentona a la patronal, que nunca tiene suficiente. Es el caso de Seat que primero presentó un ERE de despido de 222 trabajadores en su filial Gearbox, avalado por CCOO y UGT y aprobado por la Generalitat, como reacción a la decisión mayoritaria de la plantilla de rechazar las recolocaciones en SEAT con un 30% menos de salario. A continuación y a pesar de las concesiones de CCOO y UGT (rebaja salarial del 40% en las nuevas contrataciones, flexibilidad de jornada y calendario) despidió a 46 trabajadores de Seat Martorell por “absentismo” y ahora amenaza con despedir a otros 800 si no se acepta una rebaja salarial del 15%. Por otra parte, con el despido de 7 miembros del comité de huelga de SAS de Abrera y de otros 10 del de Telefónica, se intenta reprimir el sindicalismo de lucha y democrático que enfrenta la pecariedad y el recorte de derechos con la movilización.
Es posible recuperar y avanzar en derechos, con participación y movilización
La larga experiencia acumulada de reformas laborales nos demuestra que únicamente se puede impedir que nos continúen recortando derechos y conseguir otros nuevos mediante la participación y movilización amplias, unitarias y sostenidas de la clase trabajadora y de sus organizaciones. Hay que dar pasos para que esto sea posible. Desde los centros de trabajo, secciones sindicales, comités de empresa, corrientes de oposición y organizaciones sindicales alternativas, redes solidarias y asambleas de barrio… hemos de informar ampliamente de lo que se está negociando en nombre de los trabajadores y sin su participación e iniciar un amplio proceso de pronunciamientos exigiendo la retirada de las direcciones de CCOO y UGT de las mesas de negociación y la aceptación de una plataforma de reivindicaciones, elaborada democrática y unitariamente, que dé respuesta a las necesidades reales de la clase trabajadora. Hemos de exigir que no se firme ningún acuerdo sin que los trabajadores hayan sido consultados.
Una plataforma de medidas que combine la restitución de derechos y garantías perdidos y la conquista de otros nuevos como la prohibición por ley de deslocalizaciones, la supresión de la precariedad por ley y la prohibición de las ETT’s, la restitución de la indemnización de 45 días por despido improcedente y de la decisión de readmisión por parte del trabajador, la jornada de 35 horas semanales sin reducción salarial, un salario mínimo que equivalga al 60% del salario medio, cláusula de revisión salarial obligatoria por ley, medidas efectivas contra la discriminación salarial y laboral de las mujeres trabajadoras, regularización e igualdad de derechos para los trabajadores inmigrantes, la mejora sustancial de las prestaciones sociales (defensa de las pensiones públicas y jubilación a los 60 años con el 100%, subsidio de paro universal, medicamentos pagados al 100% para todos…), derecho a la atención pública y gratuita de las personas dependientes (ancianos, guarderías…). Un conjunto de reivindicaciones que se ha de vincular a un plan de movilizaciones sostenido, con una amplia participación de los trabajadores y trabajadoras, como única vía que puede abrir posibilidades de conseguirlas, garantizando así ingresos dignos para todos y nuevos derechos para acabar con la precariedad.
Los derechos de la clase trabajadora catalana y el nuevo Estatut, un proceso a crear entre todos y todas
La negociación de la reforma laboral en el ámbito estatal coincide con el proceso de elaboración del nuevo Estatut. Hasta ahora, en sus líneas básicas, la acción de gobierno del Tripartito ha sido contraria a los intereses de la clase trabajadora catalana: ha aprobado ERE’s de despidos masivos como el de Gearbox y deslocalizaciones, ha apoyado la Ley y el Reglamento de Extranjería y ha colaborado en su ejecución y en la represión de los inmigrantes, mantiene un alto nivel de precariedad en el sector público, ha seguido con la política de privatizaciones de servicios públicos y con una política fiscal que perjudica a las clases populares…
Desde una perspectiva de clase, la lucha por la libertad nacional de Catalunya es también la lucha por reconstruir el sindicalismo de clase, es decir, la defensa firme del derecho de autodeterminación la vinculamos a una soberanía que se ejerza para satisfacer las necesidades más urgentes de la población trabajadora catalana. En ese sentido, ahora que el nuevo Estatut está en elaboración y que las fuerzas políticas catalanas lo quieren aprobar, comprobamos que falta el reconocimiento y la defensa de los derechos laborales y sociales más necesarios, como medidas contra las deslocalizaciones y la precariedad, reconocimiento de derechos (35 horas semanales, jubilación plena a los 60), regularización de los trabajadores inmigrantes, igualdad real de las mujeres, impuestos para los más ricos para lograr un salario mínimo y unas pensiones dignas, red educativa y sanitaria públicas y de calidad y fin de las subvenciones a la privada, prohibición de la especulación y facilitar el acceso a la vivienda a la juventud trabajadora y a los trabajadores inmigrantes…, un conjunto de derechos que comportarían comenzar a ejercer la soberanía en beneficio de la población trabajadora catalana y que movilizaran a favor de un proyecto para la mayoría de la población.
Pero eso es precisamente lo que temen los gobernantes: que los trabajadores digamos la nuestra. Por eso, con negociaciones por arriba, incluso consensuadas con el PP, pretenden hacernos creer que las cosas cambiarán, pero será para que todo siga igual. Redactan el Estatut autocensurándose, en previsión de que será recortado en Madrid, esforzándose por encajarlo en la constitución monárquica, mientras dejan fuera las necesidades del pueblo. Los actuales parlamentarios catalanes ni tan sólo son capaces de reivindicar el derecho mínimo a decidir sin ingerencias. Será el pueblo, con sus movilizaciones, quien impondrá los derechos sociales y nacionales, que siempre han ido de la mano.
11 de Septiembre, por los derechos sociales, laborales y nacionales de Catalunya
9 a 11hores: silbada a los políticos en el Monumento a Rafael de Casanova (Ronda Sant Pere de Barcelona) 11 hores: Manifestación
¡Precarios, jóvenes, inmigrantes, pensionistas: REBELÉMONOS! Xarxa contra els Tancaments i la Precarietat
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