DECLARACIÓN SINDICAL ANTE LA “CUMBRE DEL G20 SOBRE LA CRISIS” 
“Declaración de Washington” de la Agrupación Global Unions
Noviembre de 2008 
I. Resumen 
1. Los líderes del G20 se reúnen con el telón de fondo de una economía mundial al borde del precipicio. El espectacular empeoramiento de la crisis financiera en septiembre y octubre de 2008 está afectando de manera dramática a la economía real. Está previsto que el PIB caiga y el desempleo se dispare en los principales países industrializados. La crisis se está propagando a las economías emergentes y en desarrollo. Varios gobiernos han tenido ya que solicitar préstamos de emergencia del Fondo Monetario Internacional (FMI) cuando sus sectores financieros se han quedado paralizados, el capital fluye fuera del país, las monedas se colapsan y el crecimiento económico se sitúa en punto muerto. La economía mundial se enfrenta a una recesión muy seria. Lo prolongada e intensa que pueda ser depende de lo oportunas y bien dirigidas que sean las acciones de los gobiernos. Esta crisis sistémica viene a sumarse al incremento sin precedentes de los precios de la alimentación y las materias primas de principios de este año, y a la crisis alimentaria resultante de los países en desarrollo. También se produce sobre un panorama de cambio climático acelerado que, si no se toman medidas con rapidez, afectará a los más pobres de todo el mundo con la máxima gravedad, y especialmente a los grupos vulnerables incluidas las mujeres. 
2. La historia ha demostrado que las crisis de esta envergadura dan lugar a la inestabilidad social y política con resultados impredecibles y a menudo trágicos. Las familias trabajadoras se ven muy afectadas por la respuesta a esta crisis. Ya, durante más de dos décadas la cohesión social ha estado bajo presión debido a la creciente desigualdad en la mayoría de los países. Hoy, los que están perdiendo sus hogares, sus empleos y pensiones como resultado de la crisis financiera, de la que no tienen ninguna responsabilidad, como contribuyentes se les está pidiendo que rescaten a aquellos que son responsables. Los gobiernos del G20 deben reconocer la necesidad urgente de empezar a trabajar en un sistema más incluyente, justo y democrático para la gobernanza de los mercados globales. Los sindicatos deben tener un puesto en la mesa y ser parte de las cruciales negociaciones que se celebrarán en las diferentes instituciones, durante los próximos meses. 
3. La crisis económica actual se inició en Estados Unidos como resultado de la combinación de una crisis de la vivienda, una crisis del mercado del crédito y, cada vez más, una crisis del empleo. Cada una de ellas es lo bastante grave por sí sola, pero su interacción está creando una dinámica especialmente compleja y peligrosa en la economía real. Los precios de la vivienda se han hundido, se han producido ejecuciones hipotecarias y se han perdido trillones de dólares en riqueza neta de los hogares. Los consumidores contienen severamente el gasto a medida que su riqueza disminuye, lo que ralentiza la economía y fuerza a las empresas a destruir empleo y a reducir los sueldos y las prestaciones. El continuo descenso de los precios de la vivienda agrava también la crisis crediticia, puesto que el valor de los activos hipotecados sigue socavando los balances de situación de las firmas financieras, ya descapitalizadas. A menos que cese la caída en los precios de los bienes y en el empleo, el sistema bancario seguirá desangrándose. Este círculo vicioso se está repitiendo ahora en otros países industrializados y en las economías emergentes que originalmente se pensaba que serían inmunes. 
4. La entrada de los gobiernos en los mercados financieros para nacionalizar bancos, garantizar depósitos, comprar deudas incobrables e inyectar capital a los sistemas bancarios de Estados Unidos y Europa, es necesaria. Sin embargo, es inaceptable que los gobiernos nacionalicen las pérdidas de capital financiero y permitan a las instituciones financieras privatizar los beneficios. Esta crisis, la más grave desde la Gran Depresión de los años 30, debe marcar el final de una ideología de mercados financieros sin control alguno donde la autoregulación ha estado expuesta porque el fraude y la codicia han sustituido al criterio racional en detrimento de la economía real. Debe crearse una arquitectura legislativa nacional y mundial que haga que los mercados financieros recuperen su función primigenia: garantizar una financiación estable y rentable de la inversión productiva en la economía real. Sin limitarse a esta función, las instituciones gubernamentales e internacionales deben establecer un nuevo orden económico que sea económicamente eficaz y socialmente justo – una tarea tan ambiciosa como la que hubo que abordar en la reunión de Bretton Woods en 1944. 
5. Los líderes de las principales naciones que se reúnen en Washington deben poner en marcha un proceso para trabajar con los países que están fuera del G20, para:
-Iniciar un plan de recuperación a gran escala para estabilizar los mercados de capitales mundiales, sacar a las economías de la recesión rápidamente, prevenir los riesgos de una depresión mundial y volver a las vías de creación de trabajo digno. Deben producirse tantos recortes coordinados de los tipos de interés como sea necesario. Los gobiernos deben presentar programas de inversión en infraestructuras capaces de estimular el aumento de la demanda a corto plazo y de incrementar la productividad a medio plazo. Ahora es el momento de avanzar con un “Green New Deal”, un nuevo paquete de medidas sostenibles que cree puestos de trabajo a través del desarrollo de energías alternativas, así como del ahorro y la conservación de la energía. Deben introducirse medidas fiscales y de gasto público para respaldar el poder adquisitivo de las rentas medias y bajas. Es preciso mantener presupuestos de ayuda al desarrollo para los países menos desarrollados, a fin de contribuir a alcanzar los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM) con la adopción de compromisos vinculantes y un calendario para lograr el objetivo de NNUU del 0,7% del PIB. 
-Garantizar que nunca vuelva a producirse una crisis de esta envergadura. Durante dos décadas, la mayoría de los gobiernos, junto con las instituciones financieras internacionales (IFI) han fomentado la “nueva arquitectura financiera” casi carente de regulación que ha caracterizado los mercados financieros responsables de esta crisis. Los gobiernos se han visto ahora obligados a intervenir para salvar el sistema bancario; la contrapartida deben ser unas instituciones financieras debidamente reguladas. La agenda debe incluir: la rendición de cuentas pública de los bancos centrales; requisitos sobre activos anticíclicos y supervisión pública para los bancos; la reglamentación de los fondos de cobertura y la renta privada; la reforma y control de la remuneración de los ejecutivos y los repartos de beneficios de la empresa; la reforma de la industria de evaluación crediticia; el fin de los paraísos fiscales; la fiscalidad de las transacciones financieras internacionales, una adecuada protección de los consumidores frente a los préstamos abusivos y las prácticas comerciales agresivas de los bancos; y políticas públicas activas para el acceso a la vivienda y a los servicios financieros solidarios. El nuevo sistema debe reflejar las exigencias de todos los reguladores: autoridades bancarias, fiscales, de la competencia y las instituciones de gobernanza y de consumo de cada país. No debe haber más enfoques fragmentarios para la reforma. 
-Establecer una nueva estructura de gobernanza económica para la economía global. Debe ir más allá de los mercados financieros o de los sistemas de tipo de cambio para atacar todos los desequilibrios del crecimiento y de los flujos de capital que contribuyeron a esta crisis. De la misma manera que los acuerdos económicos de la posguerra mundial incluían el fortalecimiento de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), en paralelo a la creación de las Naciones Unidas, el nuevo acuerdo post-crisis debe abordar la gobernanza económica internacional. Los gobiernos deben empezar a trabajar en las estructuras necesarias. Pero éste es un debate que no puede celebrarse a puerta cerrada entre banqueros y funcionarios de los ministerios de economía. Las organizaciones sindicales deben tener un sitio en la mesa. 
-Combatir la explosión de desigualdad en la distribución de la riqueza que subyace en esta crisis. El nuevo sistema de gobernanza económica debe abordar la crisis de justicia distributiva que ha destruido la economía mundial. Debe garantizarse un crecimiento más equilibrado no sólo en la economía mundial entre las regiones, sino también dentro de los propios países, entre capital y mano de obra, entre rentas altas y bajas, entre ricos y pobres, y entre hombres y mujeres. 
6. La reunión del G20 debería marcar el inicio de un proceso. La agenda para el cambio debe seguir avanzando en otras reuniones en los meses venideros; especialmente en la Conferencia Internacional de Seguimiento sobre Financiación para el Desarrollo, que tendrá lugar en Doha a finales de mes. En la conferencia de las partes de la Convención Marco de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC), que tendrá lugar en Poznan en diciembre, debe haber compromisos de ayuda inmediata de los países industrializados para hacer posible una mayor transferencia de tecnología y adaptación al cambio climático en los países en desarrollo. Esto debería contribuir a restablecer la confianza necesaria para concluir con éxito las actuales negociaciones sobre cambio climático antes del fin de 2009. Las reuniones del G8 en Italia, así como las reuniones de las IFI y la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) en 2009, deben utilizarse al máximo – no puede haber una vuelta a la rutina. 
II. Un plan de recuperación coordinado para la economía real 
7. El creciente caos financiero está haciendo mella en la economía real, con un descenso acusado del empleo en Estados Unidos y Reino Unido, que ahora se hace extensivo a la Eurozona y amenaza con una recesión mundial. Se han previsto caídas en el PIB en Estados Unidos y la Eurozona durante la mayor parte de 2009. Se estima que las tasas de desempleo en la zona OCDE aumenten un 20% en los seis meses próximos, aunque es muy posible que se hayan quedado cortos. En varios países emergentes y en desarrollo, especialmente en aquellos con sistemas bancarios altamente endeudados o cuyas cuentas corrientes son muy deficitarias, se están produciendo despidos masivos y los ingresos reales de los hogares están en caída libre. El capital está huyendo de muchos países en desarrollo que no pueden permitirse el lujo de perder inversiones, y los problemas se están agravando por la reducción de las remesas que envían los trabajadores migrantes, muchos de los cuales están perdiendo sus empleos. La OIT prevé que el desempleo mundial se incremente de 190 millones en 2007 a 210 millones en 2009 y que el número de personas pobres que trabajan por menos de un dólar al día ascienda en 40 millones, y por menos de 2 dólares al día, en 100 millones. 
8. Los líderes gubernamentales y los bancos centrales no deben repetir las calamidades de los años 30, con esfuerzos por equilibrar presupuestos, reducir salarios y aplicar políticas de tipos de cambio y divisas consistentes en “empobrecer al vecino”. En lugar de ello, los líderes del G20 deben poner en marcha un plan de recuperación coordinado dirigido a estimular la economía real en los ámbitos nacional y mundial. 
9. En Europa y Estados Unidos se necesitan más reducciones coordinadas de los tipos de interés por parte de los bancos centrales. Deben fortalecerse los mecanismos fiscales de estabilización, como los planes de prestaciones de desempleo, y reforzarse con planes de creación directa de puestos de trabajo cuando sea necesario. Los incentivos fiscales deben estar dirigidos a aumentar la demanda global y con la suficiente envergadura para revitalizar la economía real: empleos, salarios y crecimiento de la renta disponible de los hogares. Las medidas fiscales y presupuestarias deben estar dirigidas a las familias de renta media y baja que son las que más sufren con la situación actual y que, al aumentar su índice de consumo, alimentarán esta vuelta al consumo, la producción y, por ende, el empleo con la máxima celeridad. 
10. En los países emergentes y en desarrollo, los gobiernos deben también contrarrestar la desaceleración económica mediante políticas monetarias, apoyando los planes de creación de empleo y ampliando o creando redes de seguridad social. Las IFI no deben repetir los errores de la crisis financiera asiática de hace una década presionando a los países a subir los tipos de interés, recortando los gastos públicos y permitiendo las quiebras bancarias en cascada – lo contrario de lo que están haciendo hoy los países industrializados. En cambio, los países en desarrollo deben ser animados a mantener los niveles de empleo y a ofrecer la ayuda gubernamental a los sectores más vulnerables de la población. 
11. Debe aprovecharse la oportunidad para poner en marcha un nuevo “Green New Deal”, como lo propone el Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) y la y la OIT en el informe sobre los empleos verdes (Green Jobs). Es el momento de ayudar a la recuperación económica por medio de inversiones medioambientalmente responsables diseñadas para crear puestos de trabajo a corto plazo, especialmente para los jóvenes y las mujeres, y reducir las emisiones de gases de efecto invernadero a medio plazo. Las medidas para promover el ahorro energético mediante la reforma de edificios son especialmente generadoras de puestos de trabajo, apoyando así al sector de la construcción, particularmente afectado por la crisis. La inversión pública en infraestructuras, transporte colectivo y fuentes de energía alternativas también estimulará la creación de puestos de trabajo sostenibles. La inversión a largo plazo y fortalecedora de la productividad en las infraestructuras públicas – escuelas, hospitales, agua pura y saneamiento así como transporte público y energía – no solo ayudará a las economías nacionales a hacer frente o a salir de la recesión, sino que sentará las bases para que millones de personas salgan de la pobreza. 
12. Además de las infraestructuras, es también el momento de invertir en las personas – en su educación y salud, y en el cuidado de los más jóvenes y de los más mayores. 18 millones de nuevos profesores deben formarse solo para alcanzar el objetivo de una educación de calidad para todos los niños en edad de escuela primaria antes de 2015. Millones más de profesores e instructores son necesarios para la formación profesional y formación cualificada que sustentan la economía real y para la reconversión de los trabajadores afectados por la reestructuración económica. 
13. La nueva Administración americana debe introducir un plan general que combine el aumento de los ingresos de los trabajadores de renta baja y media – el fortalecimiento de redes de seguridad, incluyendo las prestaciones de desempleo, la ampliación del programa de cupones para alimentos, la ayuda a los gobiernos estatales y locales – con un ambicioso gasto del gobierno federal en educación e infraestructuras. El derecho a la sindicalización debe ser restaurado y los EEUU deben cumplir las normas fundamentales del trabajo de la OIT. 
14. Japón será especialmente vulnerable en caso de que la crisis se agrave en las economías asiáticas emergentes. Las autoridades deben tomar medidas para reequilibrar la economía en favor de su demanda doméstica, ya que el crecimiento actual se basa casi exclusivamente en las exportaciones, golpeadas por una apreciación elevada del Yen. En este momento son cruciales los aumentos en los salarios reales, para aumentar la demanda, y deberían estar respaldados por políticas fiscales que propicien el consumo de los hogares y que luchen contra las crecientes desigualdades. 
15. En la UE, la coordinación de las diferentes iniciativas de políticas fiscales por parte de los Estados miembros necesita mejorar drásticamente y reunirse bajo un mecanismo mejorado de gobernanza económica. Las organizaciones sindicales europeas han solicitado la creación de un fondo de inversiones europeo que promueva la inversión en energías renovables, ahorro de energía, innovación y redes de infraestructuras europeas. Los proyectos de inversión no deben bloquearse por una aplicación errónea del Pacto de Estabilidad y Crecimiento. El Banco Central Europeo (BCE), aunque ha jugado un papel activo inyectando liquidez para combatir la crisis bancaria, ha subido los tipos de interés erróneamente hasta el verano de 2008. El BCE debe contribuir a la recuperación en Europa y al reajuste global mediante una bajada continuada de los tipos. Debería establecerse un Consejo de Supervisión que incluya a los interlocutores sociales europeos y a los miembros del Comité Ejecutivo del BCE. 
16. Los paquetes de recuperación también deben diseñarse para corregir los desequilibrios económicos fundamentales subyacentes que han dado lugar a la actual crisis. Se trata, en especial, del desequilibrio entre Estados Unidos y el resto de la economía mundial, del desequilibrio entre finanzas y economía real, y del desequilibrio del poder de negociación entre los trabajadores y sus empresarios. Aquellas economías que tienen superávits deben redirigirlos hacia la inversión productiva y el consumo interior. Los derechos sindicales deben ser promovidos y plenamente respetados para que los trabajadores puedan mejorar su nivel de vida. 
17. Un nuevo enfoque de la responsabilidad fiscal debe acompañar el New Deal mundial. El peor error en el contexto actual sería continuar con los recortes presupuestarios en el sector público. Debe alcanzarse un compromiso renovado para la dotación de servicios públicos de calidad, financiados públicamente. Repensar las responsabilidades tanto del sector público como del privado debe incluir una financiación responsable del sector público mediante una fiscalidad justa y un nuevo compromiso con la eficacia y la ética de los servicios públicos de calidad, en los que las organizaciones que representan a los trabajadores públicos pueden jugar un papel fundamental. 
18. La comunidad internacional debe extender rápidamente los préstamos de urgencia del FMI y aumentar la ayuda del Banco Mundial y de las agencias de Naciones Unidas a los numerosos países emergentes y en desarrollo que son susceptibles de encontrarse en situaciones de déficit de la balanza de pagos por causa de la crisis financiera y del alza continuada de los precios alimentarios y energéticos. Según las estimaciones de la FAO –Organización de Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura – entre 2004 y 2007 el número de personas subalimentadas en el mundo ha aumentado un 9% hasta alcanzar los 923 millones, antes del aumento de precios de 2008. La Ayuda Pública al Desarrollo (APD) a largo plazo también debe elevarse. Como mínimo, los gobiernos de los países industrializados deben cumplir los compromisos que asumieron durante la cumbre del G8 de Gleneagles para aumentar los niveles de APD. 
III. Nueva regulación de los mercados financieros mundiales 
19. Durante dos décadas, la mayoría de los gobiernos, junto con las IFI, han promovido una “nueva arquitectura financiera” poco reglamentada que ha caracterizado a los mercados financieros mundiales responsables de esta crisis: una desregulación irresponsable que favorece endeudamientos excesivos de las instituciones financieras – incluyendo los bancos de inversión, los fondos de alto riesgo hedge funds y los fondos de inversión privados private equity – y la “innovación financiera” de las transferencias de riesgos de crédito titulizados, que exportaban deudas incobrables bajo la apariencia de productos estructurados. El negocio de las finanzas estructuradas creó la ilusión de un capital de bajo riesgo, de bajo coste. Como ha revelado la crisis, los riesgos no estaban dispersos, sino escondidos. Con normas contables bancarias pro-cíclicas y requisitos sobre el capital rígidos, la crisis de los créditos que siguió al colapso de la industria de las finanzas estructuradas provocó un proceso autoalimentado de depresión de los activos bancarios. 
20. Las intervenciones llevadas a cabo por los bancos centrales y los gobiernos a lo largo de las últimas semanas en el intento de restaurar la confianza, estabilizar los mercados crediticios e inyectar nuevo capital son necesarias para salvar el sistema bancario. La crisis de solvencia bancaria sigue a una década marcada por un modelo de gobernanza accionarial abusiva y por una tendencia a privilegiar el corto plazo por parte de las empresas. El dinero que se dilapidó en generosos dividendos, en programas de recompra de acciones y de indecentes remuneraciones de los directivos durante el periodo de “crecimiento” 2003-2006 se necesita ahora seriamente cuando los bancos buscan dinero fresco para recapitalizar sus balances. Puesto que gran parte del sistema financiero está respaldado por los contribuyentes, las organizaciones sindicales insisten en que los gobiernos adquieran participaciones en el capital y actúen como inversores activistas para proteger el interés público y que garanticen que, con el tiempo, los contribuyentes recuperarán su dinero. 
21. Los gobiernos siguen alabando las recomendaciones de abril de 2008 del Foro para la estabilidad financiera (FSF, Financial Stability Forum) que incluye reforzar las exigencias de capital de los bancos, la política de gestión de riesgos, la vigilancia de los productos estructurados y de las agencias de calificación. Por bienvenidas que puedan resultar estas recomendaciones, se consideran hoy por hoy enormemente inadecuadas. Debe actuarse para atacar las medidas reglamentarias y fiscales que han permitido que los actores de los mercados asumieran riesgos excesivos. 
22. La cooperación internacional debe ir mucho más lejos de lo que se está estudiando en este momento – revisar las reglas de vigilancia prudencial de los bancos e “instar” a que haya más transparencia. Es la arquitectura de regulación nacional y mundial lo que hay que restaurar para que los mercados financieros recuperen su función primigenia: garantizar una financiación estable y rentable de la economía real. Los líderes deben autorizar el inicio del trabajo en un borrador para la nueva regulación de los mercados financieros, que debe incluir: 
. Asegurar que los bancos centrales son públicamente responsables de sus acciones y tener el mandato necesario para detectar y disuadir las burbujas financieras de carácter especulativo; 
. Asegurar una supervisión activa, unas exigencias anti-cíclicas adecuadas sobre activos y normas contables para los bancos y los grandes conglomerados financieros; 
. Prohibir todas las formas de operaciones fuera de balance; 
. Someter las inversiones extranjeras y los flujos de capital a normativas nacionales adecuadas, incluyendo el cumplimiento de las normas internacionalmente reconocidas sobre gobernanza y transparencia; 
. Promover servicios financieros basados en la comunidad como sistemas de cooperativas y mutualidades y programas específicos de microfinanciación negociados con los interlocutores sociales; 
. Mejorar la protección de los consumidores para proteger los hogares contra los préstamos predatorios y las políticas comerciales agresivas de los bancos; 
. Reforzar la función social de los planes de pensiones para ofrecer una jubilación digna, tanto en la financiación de las pensiones como en las normativas de inversión; 
. Establecer un régimen internacional para gravar impositivamente las operaciones financieras internacionales cuyos ingresos podrían servir para apoyar a las instituciones financieras que persiguen objetivos sociales, como los fondos de pensiones; 
. Reglamentar las transferencias de riesgos crediticios, los productos derivados, las operaciones a plazo y enfrentar la estructura de oligopolio de la industria de las agencias de calificación crediticia, incluyendo la creación de agencias públicas y el desarrollo de la calificación no-financiera; 
. Regular las firmas de inversión privadas, incluidos los fondos de alto riesgo hedge fund y los de renta privada private equity, y combatir los efectos del arbitraje reglamentario en el seno de los grandes grupos financieros y entre las jurisdicciones; 
. Adoptar controles para limitar los comportamientos especulativos en los intercambios comerciales, incluyendo los mercados energéticos y de materias primas; . Combatir el cortoplacismo de las empresas, reforzando los regímenes de gobernanza empresarial y la fiscalidad relativa a la remuneración de los altos ejecutivos, las responsabilidades de los consejos de administración, la gestión de riesgos y la distribución de los beneficios de las empresas. 
23. Es necesaria una acción firme para detener la pérdida de ingresos generada por los paraísos fiscales. No se puede esperar que los contribuyentes salven a las instituciones financieras que lo necesitan cuando estas mismas instituciones han utilizado los paraísos fiscales para evitar pagar sus contribuciones fiscales. Todos los gobiernos han de dar los pasos necesarios para proteger su base de ingresos y para compensar la previsible reducción de los ingresos fiscales procedentes de las empresas. Esto requerirá un fortalecimiento del apoyo político al trabajo de la OCDE en este ámbito. 
IV. Un nuevo sistema internacional de gobernanza económica 
24. Ha llegado el momento de remodelar la arquitectura financiera y económica mundial mediante un nuevo conjunto de negociaciones “Bretton Woods”, que vaya más allá del régimen de tipos de cambio creado en Bretton Woods en 1944. Ninguna de las instituciones existentes goza de alcance ni de credibilidad suficiente para poner en marcha dicha estructura. Los gobiernos deben empezar a trabajar, pero éste es un debate que no puede celebrarse a puerta cerrada entre banqueros y funcionarios de los ministerios de economía. Las organizaciones sindicales representan a las familias trabajadoras de todo el mundo que son víctimas de la crisis actual, y deben estar presentes en la mesa. 
25. La reforma institucional debe ir más allá de la regulación financiera e incorporar la gestión económica orientada a reducir los desequilibrios en la economía mundial. La persistencia de desequilibrios estructurales en cuentas corrientes y tipos de interés dentro de la OCDE (en particular entre Estados Unidos, la Eurozona y Asia) y los desequilibrios con las economías emergentes también han contribuido a esta crisis. La acumulación de participaciones en dólares en las economías emergentes – y la creciente inversión de los fondos soberanos – ha proporcionado los capitales necesarios para la recapitalización de los bancos y las instituciones financieras más castigados. Sin embargo, amenaza el riesgo de ajustes desordenados – una reversión drástica de los flujos de capital fuera de la zona del dólar ante la continuada incertidumbre en Estados Unidos. El comercio tiene potencial para acelerar el crecimiento económico, la recuperación y el desarrollo, pero solo en las condiciones adecuadas. Restaurar la legitimidad pública del sistema comercial mundial y concluir la Ronda de Doha requiere reforzar simultáneamente la protección de los derechos fundamentales de los trabajadores a través de todas las instituciones internacionales, incluyendo la OMC, y garantizar que los países en desarrollo son capaces de lograr la recuperación económica, el empleo y un desarrollo industrial futuro. 
26. Los gobiernos de las economías emergentes también deben ser una parte fundamental de la nueva estructura de gobernanza. Global Unions apoya firmemente una estructura de gobernanza más democrática y más justa en las IFI. En el caso del Banco Mundial, cuyo mandato se orienta hacia los países en desarrollo, es necesaria una reforma sistemática y profunda que debe dar como resultado, como mínimo, una paridad en el derecho de voto entre los países en desarrollo y los industrializados. Las IFI deben también poner fin a la condicionalidad de la política económica que ha caracterizado sus intervenciones en los países en desarrollo durante las últimas tres décadas. Esto ha minimizado más que fortalecido la aplicación de controles fiduciarios y el respeto de las normas internacionalmente acordadas, incluyendo las normas laborales básicas. Las condicionalidades de las IFI sobre la desregulación, la liberalización y la privatización, junto a la interferencia de la libre elección política de los países, han dado lugar con frecuencia a serias y perjudiciales consecuencias. Este enfoque debe cambiar. La normativa de la OIT, y especialmente las normas fundamentales del trabajo, deben prevalecer en el nuevo sistema de gobernanza internacional. 
V. Combatir la crisis de la justicia distributiva 
27. La congelación salarial y la falta de poder adquisitivo de las familias trabajadoras son el resultado de políticas perjudiciales y, en sí mismas, constituyen un factor principal para la caída del ahorro en los hogares y la emergencia de la deuda insostenible que ha desembocado en la crisis hipotecaria en Estados Unidos. La liberalización financiera ha permitido que las entidades de crédito promuevan el préstamo avalado por la vivienda como sustituto de los ingresos. Las burbujas financieras de los precios de los activos, estimuladas por un apalancamiento excesivo y la laxitud de la normativa, han sustituido al crecimiento sostenible basado en las ganancias compartidas. Es necesario un nuevo régimen de crecimiento que – como ocurrió durante el periodo de posguerra hasta comienzos de los años 80 – garantice un crecimiento de los salarios reales equilibrado en línea con los incrementos de la productividad. Una fiscalidad progresiva, responsable y justa no debería ni facilitar la acumulación de fortunas, ni incitar la continuación de la especulación, sino simplemente contribuir al crecimiento. 
28. En informes recientes de la OCDE y la OIT se ha identificado un descenso de la parte de los salarios y un aumento de las desigualdades en dos terceras partes de los países de la OCDE. Los gobiernos de los países industrializados deben ahora empezar a fomentar y reconstruir las instituciones que ayudan a distribuir las rentas y la riqueza de una manera más justa, en lugar de seguir abogando por la liberalización de los mercados laborales y el desmantelamiento de la protección de los trabajadores. La crisis de la justicia distributiva es aún más aparente en los países no miembros de la OCDE. Antes incluso de la crisis de los precios alimentarios en 2007-2008 y de la crisis financiera actual, el Banco Mundial señaló que en 46 de 59 países en desarrollo examinados, la desigualdad se había incrementado durante la última década. El empeoramiento de la situación económica, junto la explosión de los precios de los alimentos durante el pasado año, aumentará las desigualdades en los ingresos y se añadirá al déficit de trabajo decente en el mundo en desarrollo, ya identificado por la OIT. 
29. Instamos a los gobiernos del G20 a desarrollar más la ayuda de emergencia del FMI para los países que se enfrentan a crisis inmediatas que superan sus recursos para resolverlas. Esta ayuda no debe ir aparejada a condiciones de austeridad. En lugar de ello, deben fijarse “condicionantes positivos” que ayuden a los países a restaurar su crecimiento a corto plazo, una distribución justa de los costes y los beneficios, y sostenibilidad a largo plazo. De la misma manera, el Banco Mundial debería dar prioridad a proyectos generadores de empleo, extender las redes de seguridad social a la mayoría de los trabajadores de países en desarrollo que actualmente no tienen protección, y desarrollar servicios públicos e infraestructuras para un crecimiento sostenible. Estas propuestas se deben acordar con las organizaciones de trabajadores en los países afectados. Los gobiernos también deben acordar respuestas de emergencia ante la continua crisis alimentaria, que incluyan medidas para contrarrestar las acciones especulativas en los mercados alimentarios, y ampliar la ayuda de emergencia a los más pobres. A medio plazo, deberían tomarse medidas para desarrollar la producción sostenible de alimentos y reconstituir los fondos de reserva. Además de todo ello, los gobiernos deben, en los próximos meses, identificar los pasos a seguir para garantizar que respetan sus compromisos sobre la ayuda al desarrollo y los Objetivos de Desarrollo del Milenio. 
30. Subrayamos la necesidad para los gobiernos del G20 de actuar para fortalecer la dimensión social de la globalización y garantizar la aplicación de las normas universales por parte de las empresas multinacionales, donde quiera que operen. Pedimos a los países en desarrollo y a los países emergentes que se adhieran a las Líneas Directrices de la OCDE para las Empresas Multinacionales, que están de acuerdo con las normas de la OIT, y a los gobiernos que ya se han adherido que mejoren su aplicación y su promoción mediante el fortalecimiento de los Puntos Nacionales de Contacto. 
VI. Conclusión 
31. El movimiento sindical internacional ha denunciado repetidamente la creciente divergencia entre los mercados financieros no regulados e imposibles de gestionar, por un lado, y las necesidades financieras de la economía real para proporcionar trabajo digno, por otro. Según la OCDE, la arquitectura financiera internacional debe juzgarse por su capacidad para “mantener la estabilidad financiera garantizando la solvencia de los participantes en el mercado”, para “proteger a los inversores” contra las quiebras y el fraude, y para “garantizar mercados financieros eficaces y eficientes”. Durante las últimas semanas ha quedado claro que el sistema no ha conseguido cumplir ninguno de estos tres objetivos. Más allá de la reunión del G20, la cooperación debe extenderse a todos los niveles – G7, G8, Europa, OCDE e instituciones financieras internacionales – a fin de evitar la arbitrariedad reguladora y garantizar el alcance mundial de la nueva arquitectura. Los trabajadores tienen que sentarse a la mesa en estas reuniones e instituciones. No confían mucho en que los banqueros y gobiernos, reunidos a puerta cerrada, lo hagan bien esta vez. Debe haber plena transparencia, divulgación y consulta. Las organizaciones de la Agrupación Global Unions están dispuestas a desempeñar su papel en este proceso. 
www.ituc-csi.org | www.tuac.org | www.global-unions.org