(castellano y català)

La otra reforma: LA PRECARIEDAD SE EXTIENDE EN LA ADMINISTRACION PUBLICA (Estatuto Básico de la Función Pública)
 
Después de un largo proceso de negociación, el Gobierno del Estado y los sindicatos considerados “mayoritarios” han llegado a un acuerdo sobre el Estatuto Básico del Empleado Público. El Gobierno, con el argumento que se tiene que acabar con los supuestos “privilegios” de los funcionarios, ha impuesto un acuerdo que, si finalmente se aprueba, empeorará gravemente las condiciones laborales de los trabajadores públicos y condicionará la negociación colectiva durante muchos años.

Este acuerdo es fruto de una negociación totalmente antidemocrática, hecha de espalda a los trabajadores, que no han tenido ninguna información durante todo el proceso negociador. Incluso se ha hecho al margen de la Mesa General de Negociación, excluyendo a sindicatos miembros de la Mesa como ELA y CIG, y a otros representativos en los ámbitos sectoriales o de Comunidad Autónoma. Es inconcebible que en temas tan fundamentales se haya firmado un acuerdo sin someterlo previamente a debate y decisión del conjunto de los empleados públicos.

En la exposición de motivos ya se observa claramente el objetivo del proyecto de Estatuto: introducir el modelo de flexibilización laboral y los mecanismos de gestión de la empresa privada, con la excusa de la modernización. Así, el proyecto reconoce como “elemento fundamental de la nueva regulación la evaluación del cumplimiento de los trabajadores públicos. La evaluación periódica tendrá que tenerse en cuenta a efectos de promoción en la carrera, la provisión y el mantenimiento de los puestos de trabajo y para la determinación de una parte de las retribuciones”. También hace referencia a la preferencia para el contrato en régimen laboral por la “flexibilidad que este régimen legal introduce en la ocupación pública” aunque reconoce que “por imperativo constitucional no puede ser este el régimen general de la ocupación pública”.

Entre los elementos nuevos que se regulan en el proyecto, hay que destacar:

- Tipos de relación laboral 

Además de las ya existentes --funcionarios, laborales y eventuales (asesores de altos cargos)-- se crea la figura de “personal directivo” (art. 13) que será seleccionado con criterios discrecionales y con condiciones de trabajo y salario que quedarán fuera de la negociación colectiva y de cualquier tipo de control.

No sólo no se avanza hacia la figura única de trabajador público, antigua reivindicación sindical, si no que se añade una nueva a las ya existentes.

- La evaluación del cumplimiento (art. 20): 

Evalúa la conducta profesional, el rendimiento o la consecución de resultados. Si tenemos en cuenta que del resultado de la evaluación depende, además de la carrera (art. 17) y las retribuciones (art. 24), la estabilidad en el puesto de trabajo (art. 20), nos encontramos ante un claro intento del Gobierno de fomentar el clientelismo político y poder cesar de su puesto de trabajo a funcionarios incómodos o que no sean serviles al poder político de turno. Además supone un grave impedimento al deber de imparcialidad y neutralidad política de los trabajadores públicos.

No define los procedimientos de evaluación. Sólo se negociarán los criterios generales, no los sistemas concretos de evaluación. Tampoco reconoce el derecho de los trabajadores a recurrir el resultado de una evaluación si están en desacuerdo.

Es preciso recordar que la figura de la remoción (ser cesado del puesto de trabajo) ya existe actualmente para casos de trabajadores que no desarrollen su trabajo correctamente, pero con unas garantías que el proyecto suprime. 

- Retribuciones:

Priman las retribuciones complementarias y variables (art. 24) por encima de las básicas y fijas (art. 23), hecho que incrementará las diferencias retributivas entre los trabajadores.

Se establece una doble escala salarial, porque el personal interino (art. 25) no cobrará trienios, pagas extraordinarias ni una parte de las complementarias.

Se consolidan los planes de pensiones (art. 29) como salario diferido, avanzando así en la política de privatización del sistema público de pensiones.

- Negociación colectiva:

Las juntas de personal (art. 40), órganos unitarios de representación, tendrán sólo derecho a la información, y están legitimados para negociar exclusivamente los sindicatos (art. 33).

Se establece una Mesa General de Negociación para todas las Administraciones Públicas (art. 36), lo que supone una mayor centralización de los procesos negociadores, que cada vez se alejan más de los centros de trabajo, hecho que impide la más mínima participación de los trabajadores en la negociación de sus condiciones laborales. Además, es un retroceso en la consecución de un marco de relaciones laborales propio en Catalunya.

Se excluyen del derecho a la negociación “los sistemas, criterios, órganos y procedimientos de acceso al trabajo público y la promoción profesional” (art. 37) y se prohíbe expresamente la participación sindical en los órganos de selección, incluidos los de promoción interna (art. 60).

La negociación de las retribuciones está condicionada por los límites que fije cada año la Ley de Presupuestos (art. 21), hecho que invalida en la práctica cualquier cláusula de revisión que se pueda pactar. El incumplimiento de los acuerdos por parte de la Administración tampoco da derecho a indemnización de ningún tipo (art. 38).

No se reconoce el derecho a hacer asambleas en horario laboral (arte. 46), cuando hasta ahora la ley sí que lo contemplaba.

- Consolidación de la ocupación:

La Disposición Transitoria Tercera dice que las Administraciones Públicas podrán convocar plazas ocupadas por interinos o temporales con anterioridad al 1 de enero de 2005. ¿Esto quiere que las plazas ocupadas posteriormente no se convocarán? En cualquier caso, queda al arbitrio (o arbitrariedad) de la Administración, y no supone una solución justa y razonable al grave problema de la temporalidad sino que, por al contrario, consolida la precarización del trabajo en las Administraciones Públicas, que afecta más del 30% de los trabajadores públicos.

El proyecto tampoco establece con qué periodicidad se convocará la Oferta de Empleo Público (art. 70) y las plazas que se incluirán.

- Movilidad geográfica forzosa:

Finalmente, el proyecto establece la movilidad geográfica forzosa, sin limitación, “por necesidades de servicio o funcionales” (art. 81), así como también abre una puerta a un tipo de expediente de regulación de trabajo para funcionarios “cuando haya razones organizativas, de reestructuración interna o exceso de personal” (art. 85.2).

Es razonable considerar que las Administraciones Públicas, y por lo tanto también los trabajadores públicos, se tienen que ir adaptando a los cambios tecnológicos y a las nuevas necesidades sociales. Pero no nos encontramos ante un proceso de adaptación o modernización.

El Proyecto de Estatuto Básico es una brutal agresión contra los derechos de dos millones y medio de trabajadores. Supone un cambio radical que pretende aplicar un modelo basado en la precariedad laboral, y que afectará negativamente no sólo a los trabajadores públicos, sino también a toda la ciudadanía.

El Gobierno busca una Administración clientelar, al servicio de sus intereses políticos, y un marco normativo que le facilite los procesos de privatización de servicios públicos. Además, cuenta con el apoyo y la complicidad de los dos grandes sindicatos institucionales, CCOO y UGT, que otra vez han vuelto a firmar un acuerdo importante sin contar con los trabajadores y traicionando sus intereses.

Es necesario que los trabajadores de la Administración, incluidos los afiliados de los sindicatos firmantes, se movilicen, inicien un debate en los centros de trabajo sobre el contenido del proyecto de Estatuto y exijan un referéndum para decidir entre todos su futuro laboral.

También es necesario que los ciudadanos entiendan que unos trabajadores públicos con unas condiciones de trabajo dignos y no sometidos al poder político de turno es la única garantía de una Administración eficaz, transparente, democrática y al servicio de los intereses colectivos
xarxa-contratancaments@moviments.net 
 
http://www.moviments.net/xarxacontratancaments/

L’altra reforma: LA PRECARIETAT S’ESTÉN A L’ADMINISTRACIÓ PÚBLICA (Estatuto Básico del Empleado Público).
 
Després d’un llarg procés de negociació, el Govern de l’Estat i els sindicats considerats “majoritaris” han arribat a un acord sobre l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic. El Govern, amb l’argument que s’ha d’acabar amb els suposats “privilegis” dels funcionaris, ha imposat un acord que, si finalment s’aprova, empitjorarà greument les condicions laborals dels treballadors públics i condicionarà la negociació col·lectiva durant molts anys.

Aquest acord és fruit d’una negociació totalment antidemocràtica, feta d’esquena als treballadors, que no han tingut cap informació durant tot el procés negociador. Fins i tot s’ha fet al marge de la Mesa General de Negociació, excloent a sindicats membres de la Mesa, com ELA i CIG, i a d’altres de representatius en els àmbits sectorials o de Comunitat Autònoma. És inconcebible que en temes tan fonamentals s’hagi signat un acord sense sotmetre’l prèviament a debat i decisió del conjunt dels empleats públics.

En l’exposició de motius ja s’observa clarament l’objectiu del projecte d’Estatut: introduir el model de flexibilització laboral i els mecanismes de gestió de l’empresa privada, amb l’excusa de la modernització. Així, el projecte reconeix com a “element fonamental de la nova regulació l’avaluació de l’acompliment dels treballadors públics. L’avaluació periòdica haurà de tenir-se en compte a efectes de promoció en la carrera, la provisió i el manteniment dels llocs de treball i per a la determinació d’una part de les retribucions”. També fa referència a la preferència per al contracte en règim laboral per la “flexibilitat que aquest règim legal introdueix en l’ocupació pública” encara que reconeix que “per imperatiu constitucional no pot ser aquest el règim general de l’ocupació pública”.

Entre els elements nous que es regulen en el projecte, s’ha de destacar:

- Tipus de relació laboral 

A més de les ja existents, funcionaris, laborals i eventuals (assessors d’alts càrrecs), es crea la figura de “personal directiu” (art. 13) que serà seleccionat amb criteris discrecionals i amb condicions de treball i salari que quedaran fora de la negociació col·lectiva i de qualsevol tipus de control.

No només no s’avança cap a la figura única de treballador públic, antiga reivindicació sindical, si no que se n’afegeix una de nova a les ja existents.

- L’avaluació de l’acompliment (art. 20): 

Avalua la conducta professional, el rendiment o l’assoliment de resultats. Si tenim en compte que del resultat de l’avaluació en depèn, a més a més de la carrera (art. 17) i les retribucions (art. 24), l’estabilitat en el lloc de treball (art. 20), ens trobem davant d’un clar intent del Govern de fomentar el clientelisme polític i poder cessar del seu lloc de treball funcionaris incòmodes o que no siguin servils al poder polític de torn. A més a més suposa un greu impediment al deure d’imparcialitat i neutralitat política dels treballadors públics.

No defineix els procediments d’avaluació. Només es negociaran els criteris generals, no els sistemes concrets d’avaluació. Tampoc reconeix el drets dels treballadors a recórrer el resultat d’una avaluació si no hi estan d’acord.

Cal recordar que la figura de la remoció (ser cessat del lloc de treball)ja existeix actualment per a casos de treballadors que no desenvolupin el seu treball correctament, però amb unes garanties que el projecte suprimeix. 

- Retribucions:

Primen les retribucions complementàries i variables (art. 24) per damunt de les bàsiques i fixes (art. 23), fet que incrementarà les diferències retributives entre els treballadors.

S’estableix una doble escala salarial, perquè el personal interí (art. 25) no cobrarà triennis, pagues extraordinàries ni una part de les complementàries.

Es consoliden els plans de pensions (art. 29) com a salari diferit, avançant així en la política de privatització del sistema públic de pensions.

- Negociació col·lectiva:

Les juntes de personal (art. 40), òrgans unitaris de representació, tindran només dret a la informació, i estan legitimats per negociar exclusivament els sindicats (art. 33).

S’estableix una Mesa General de Negociació per a totes les Administracions Públiques (art. 36),fet que suposa una major centralització dels processos negociadors, que cada cop més s’allunyen dels centres de treball, fet que impedeix la més mínima participació dels treballadors en la negociació de les seves condicions laborals. A més a més, és un retrocés en la consecució d’un marc de relacions laborals propi a Catalunya.

S’exclou del dret a la negociació “els sistemes, criteris, òrgans i procediments d’accés al treball públic i la promoció professional” (art. 37) i es prohibeix expressament la participació sindical en els òrgans de selecció, inclosos els de promoció interna (art. 60).

La negociació de les retribucions està condicionada pels límits que fixi cada any la Llei de Pressupostos (art. 21), fet que invalida a la pràctica qualsevol clàusula de revisió que es pugui pactar. L’incompliment dels acords per part de l’Administració tampoc dóna dret a indemnització de cap tipus (art. 38).

No es reconeix el dret a fer assemblees en horari laboral (art. 46), quan fins ara la llei sí que ho contemplava.

- Consolidació de l’ocupació:

La Disposició Transitòria Tercera diu que les Administracions Públiques podran convocar places ocupades per interins o temporals amb anterioritat a l’1 de gener de 2005. Vol dir això que les places ocupades posteriorment no es convocaran? En qualsevol cas, queda a l’arbitri (o arbitrarietat) de l’Administració, i no suposa una solució justa i raonable al greu problema de la temporalitat si no que, just al contrari, consolida la precarització de la feina a les Administracions Públiques, que afecta més del 30% dels treballadors públics.

El projecte tampoc estableix amb quina periodicitat es convocarà l’Oferta d’Ocupació Pública (art. 70) i les places que s’hi han d’incloure.

- Mobilitat geogràfica forçosa:

Finalment, el projecte estableix la mobilitat geogràfica forçosa, sense cap limitació, “per necessitats de servei o funcionals” (art. 81), així com també obre una porta a una mena d’expedient de regulació de feina per a funcionaris “quan hi hagi raons organitzatives, de reestructuració interna o excés de personal” (art. 85.2).

És raonable considerar que les Administracions Públiques, i per tant també els treballadors públics, s’han d’anar adaptant als canvis tecnològics i a les noves necessitats socials. Però no ens trobem davant d’un procés d’adaptació o modernització.

El Projecte d’Estatut Bàsic és una brutal agressió contra els drets de dos milions i mig de treballadors. Suposa un canvi radical que pretén aplicar un model basat en la precarietat laboral, i que afectarà negativament no només als treballadors públics, si no també a tota la ciutadania.

El Govern busca una Administració clientelar, al servei dels seus interessos polítics, i un marc normatiu que li faciliti els processos de privatització de serveis públics. A més, compta amb el suport i la complicitat dels dos grans sindicats institucionals, CCOO i UGT, que un cop més han signat un acord important sense comptar amb els treballadors i traint els seus interessos.

És necessari que els treballadors de l’Administració, incloent-hi els afiliats dels sindicats signants, es mobilitzin, iniciïn un debat en els centres de treball sobre el contingut del projecte d’Estatut i exigeixin un referèndum per decidir entre tots el seu futur laboral.

També és necessari que els ciutadans entenguin que uns treballadors públics amb unes condicions de treball dignes i no sotmesos al poder polític de torn és la única garantia d’una Administració eficaç, transparent, democràtica i al servei dels interessos col·lectius.

xarxa-contratancaments@moviments.net 
 
http://www.moviments.net/xarxacontratancaments/